El pasado sábado 17 de junio se celebraba en las calles de Murcia el desfile del día del Orgullo. Un día que debía ser dedicado a la lucha contra la homofobia se convirtió en un día de agresiones fascistas al movimiento LGTBi+ permitidas por el Partido Popular de Murcia. El mismo Partido Popular que aprobó la legalización de una concentración fascista para ese mismo día a apenas unos metros de distancia, incitando al odio contra el movimiento LGTBi+.

Ante los últimos asesinatos a las mujeres por parte de su pareja o ex pareja, que últimamente está siendo una auténtica "plaga" en el Estado español, todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que se tiene que llegar a un "Pacto de Estado" para hacer frente a esta lacra.

Ante los últimos asesinatos a las mujeres por parte de su pareja o ex pareja, que últimamente está siendo una auténtica "plaga" en el Estado español, todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que se tiene que llegar a un "Pacto de Estado" para hacer frente a esta lacra. Como declaración de intenciones nos parece bien, ¡¡cómo no!!, pero todavía no sabemos en qué ha de consistir dicho "pacto", ni cuáles van a ser las herramientas políticas que se van a utilizar para enfrentar esta lacra.

En los últimos años ha salido a la luz que las fiestas populares son uno de los puntos con mayor concentración de agresiones machistas. El ocio embrutecedor del alcohol y las drogas que el capitalismo ofrece a la juventud, unido a la situación de degradación social y la impunidad por parte de las instituciones a los agresores, son el campo de cultivo perfecto para la proliferación de más y más agresiones machistas.

Las salvajes violaciones múltiples que se denunciaron en la Feria de Málaga en 2014 y en los Sanfermines del año pasado son sólo algunos de los casos más escandalosos y sonados. Sin embargo, no son una excepción, sino la punta del iceberg de los abusos y agresiones machistas —tocamientos, acoso y persecuciones en la calle, insultos...— que se suceden cada verano en las fiestas populares de barrios y ciudades, o en espacios de ocio nocturno cada fin de semana.

El lunes 28 de agosto Juana Rivas entregaba a sus hijos en las dependencias de la Guardia Civil de Granada. Unas horas después, el padre de éstos, condenado por violencia de género en 2009 y con otra denuncia por malos tratos continuados de julio de 2016, salía con ellos a la espera de la decisión judicial que le permita llevárselos definitivamente a Italia.

Irlanda cuenta con una de las legislaciones más reaccionarias de toda Europa en relación al derecho al aborto. El artículo 8 de su constitución recoge la prohibición de la interrupción del embarazo incluso en los casos de violación, incesto y anomalía fetal. Sólo desde 2013 una nueva regulación permite la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro. La pena que amenaza a una mujer que aborte en Irlanda es de 14 años de prisión. Por ello, casi 4.000 mujeres (según datos oficiales) viajan a Gran Bretaña cada año buscando un aborto seguro. Quienes no tienen recursos para viajar recurren, en muchas ocasiones, a las píldoras abortivas que adquieren por internet sin ningún tipo de seguimiento médico y poniendo en riesgo su salud.

La explotación laboral se ha recrudecido durante esta década de crisis. En este contexto, la opresión contra la mujer trabajadora se ha vuelto más cruel e insoportable todavía. Bajo el capitalismo padecemos una doble explotación: como mujeres, porque se nos responsabiliza de las tareas del hogar y del cuidado de la familia, y como trabajadoras en las empresas, donde se nos utiliza de mano de obra barata.

La brecha salarial entre hombres y mujeres en el Estado español es más alta que nunca: las trabajadoras recibimos de media un 24% menos de salario por el mismo trabajo, lo que nos condena a tener pensiones más bajas y, por tanto, a una peor calidad de vida también en la vejez. Eso cuando conseguimos completar nuestra vida laboral y jubilarnos a los 65 años, porque los recortes y privatizaciones de los servicios públicos como guarderías, dependencia o sanidad obliga a muchas mujeres a abandonar sus empleos para dedicarse al cuidado de hijos o familiares. La tasa de paro es más elevada entre las mujeres, un 20% frente al 17% de los hombres, además de padecer en mayor grado la precariedad.

TVE da voz en sus platós a los defensores de la violencia machista

Juicio a “La Manada”: ¡Basta ya de proteger a los culpables y criminalizar a las víctimas!

25N: Movilización masiva contra la violencia machista y la complicidad del gobierno del PP y sus jueces

Prostitución, pornografía y la cultura de la violación