Ha pasado ya más de una década desde que dio comienzo la investigación de la llamada Operación Carioca, una de las mayores operaciones contra el proxenetismo en el Estado español. A día de hoy la instrucción sigue repleta de situaciones escandalosas que ponen en cuestión todo el sistema político, judicial y económico tanto en Galicia como en el resto del Estado.

Cuando hablamos de la Operación Carioca hablamos de una trama organizada, algo avalado tanto por el testimonio de más de un centenar de mujeres explotadas, en su mayoría brasileñas, como por diversas pruebas. A lo largo de estos años ha habido un sinfín de imputados con nombres, apellidos y cargos, que revelan que estamos ante un ejemplo de la podredumbre de todo el sistema: guardias civiles, policías nacionales y locales, políticos, la gran mayoría del PP y del PSOE, incluido un ex subdelegado del gobierno y reconocidos empresarios. Hablamos de proxenetismo, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental, omisión del deber, amenazas, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, irregularidades en expedientes de extranjería, y sobre todo de violencia contra las mujeres.

En el año 2008 comienza la investigación cuando una mujer inmigrante y prostituida denuncia al cabo de la Guardia Civil, Armando Lorenzo, por agresión sexual. A partir del año 2009 comienzan los registros en multitud de prostíbulos, en las oficinas de Extranjería de la Policía Nacional y en la comandancia de la Guardia Civil para recabar pruebas de la posible implicación de agentes en este caso.

Muchos de los policías eran asiduos a los clubes, lo que coartaba la voluntad de las víctimas, en su mayoría inmigrantes sin papeles, a la hora de denunciar la violencia y coacción a la que estaban sometidas. Pero los testimonios recabados son claros: mujeres que cuentan como en varias ocasiones fueron agredidas físicamente, amenazadas de muerte o tuvieron que acudir al hospital debido a las lesiones ocasionadas por las palizas. "¿Quiénes son ustedes? Nadie, ustedes no son nada. Si les pasa algo, ¿quién va a preguntar por ustedes? Nadie. Yo les pego un tiro y las llevo a enterrar a una gruta y nadie pregunta" eran algunas de estas amenazas tal como declaraba una de las víctimas de esta trama corrupta.

Pese a todo esto, el año pasado las fiscales del caso defendieron librar del banquillo a todos los agentes imputados en una de las principales piezas de la causa. En la actualidad, solo quedan imputados los proxenetas, el socio del negocio que era un policía local, un policía municipal que suministraba munición al jefe de la trama y un policía nacional que se encargaba de facilitar la entrada a las mujeres que venían de forma irregular a través del aeropuerto de Barajas.

La propia jueza del caso, María Pilar de Lara, denunció en varias ocasiones que se le estaba dificultando la investigación a causa de sospechosos incendios provocados de locales (por ejemplo el club Eros fue incendiado cuatro veces en tan solo dos meses) o por posible revelación de secretos por miembros de la policía. La respuesta a estas denuncias por parte del Consejo General del Poder Judicial ha sido la de apartarla de su plaza y de sus casos por lo que considera que son "retrasos injustificados". Un auténtico escándalo que prueba que estamos frente una fiscalía y una justicia machistas y clasistas que no tienen ningún interés en destapar toda la trama, sino más bien en ocultarla.

La Justicia ampara a los proxenetas mientas da la espalda a las victimas

A finales del año pasado, las dos fiscales encargadas de la lectura del sumario, no vieron delito alguno y pidieron exculpar antes de llevar a juicio a Ramón V.R., policía local de Lugo y socio del prostíbulo Queen's y a otros agentes ya que, según la fiscalía, su papel era el de “meros clientes” ya que “no se puede negar que tomaban copas y hacían uso de los servicios sexuales, pero lo hacían como particulares". Una muestra más de como la justicia está supeditada a los intereses de los capitalistas, que hacen negocio a costa del sufrimiento de mujeres pobres que se ven obligadas a vender sus cuerpos para poder sobrevivir.

Estas mujeres vivían bajo un régimen de auténtica esclavitud. El propio proxeneta se jactaba públicamente de la buena relación que tenía con policías y guardias civiles, a los que invitaba a sexo y copas, llegando incluso a patrocinar un equipo de fútbol formado por agentes. Una forma más de oprimir y coaccionar a las mujeres prostituidas para que no se atreviesen a denunciar.

En la Operación Carioca todas las mujeres llamadas a testificar son inmigrantes de países pobres, sin embargo para la Fiscalía esto parece ser un dato sin relevancia. La Fiscalía señala que las mujeres se prostituían por voluntad propia y que “el ejercicio libremente decidido de la prostitución es una actividad irrelevante para el Código Penal". Pero, ¿quién se cree que una mujer migrante, en una situación de pobreza y vulnerabilidad, quiera prostituirse libre y voluntariamente? ¡Basta ya de mentiras! Más aún si le sumamos la coacción de agentes de seguridad del Estado, un régimen prácticamente de aislamiento, y un escenario permanente de violencia. Esta es la justicia clasista, machista y racista que tenemos bajo el capitalismo y el ala protectora del aparato del Estado y los políticos a su servicio.

El informe de la Fiscalía llega incluso a normalizar el hecho de que haya menores en burdeles. De hecho se da hasta el caso de una mujer con la edad en su pasaporte falsificada con un bolígrafo, y la Fiscalía aun así da validez al testimonio del proxeneta que afirmaba desconocer la edad de la chica, habiendo llegado dicho pasaporte a ser validado ¡durante una redada policial!

El aparato judicial al servicio de la explotación sexual de las mujeres pobres

Todo esto demuestra cómo, en realidad, la prostitución está legalizada de facto, y cuenta con el amparo y protección del aparato judicial. Los proxenetas, grandes capitalistas dueños de grandes “negocios” de explotación sexual a gran escala, cada vez se lucran más a costa de las víctimas de trata amparándose en un sistema cómplice. Hablamos de un próspero negocio, tal y como señala al referirse a la Operación Carioca el propio fiscal del caso. Y hay muchos otros casos que describen situaciones similares, y que nos permiten comprender cómo la prostitución es alimentada y sostenida por el conjunto del sistema, del aparato judicial y de la propia legalidad capitalista. La prostitución es un negocio multimillonario a costa de la esclavitud de millones de mujeres pobres víctimas de un sistema salvaje y de una violencia machista y clasista sistémicas.

La Operación Carioca es un claro ejemplo de cómo para luchar contra la violencia machista, la trata y la explotación sexual hay que luchar contra una judicatura que ampara el proxenetismo y el sistema capitalista en su conjunto. Por eso es imprescindible la inhabilitación de todos aquellos y aquellas juezas, fiscales y demás funcionarios públicos que demuestran sobrada y reiteradamente su compromiso con el mantenimiento de la explotación sexual y la violencia contra las mujeres pobres. Acabar con esta justicia heredada del franquismo es una tarea de primera necesidad para todos y todas aquellas que luchamos día a día por emanciparnos de este sistema de opresión.

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