Nora Belkacemi Calvo · Libres y Combativas Madrid
El pasado 23 de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por una falta de investigación efectiva y por manipulación de pruebas en dos casos de agresión sexual mediante sumisión química. En la sentencia se expresa que la justicia española ha violado dos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos –prohibición de tratos inhumanos o degradantes y derecho al respeto de la vida privada y familiar–. Pero esta no es la primera vez que ocurre. Ya en 2024 el TEDH condenó a España por el Caso Fundación Amaranta al no haber investigado de forma contundente la trata de una menor nigeriana de 14 años.
El caso se remonta a diciembre de 2016. En la denuncia las víctimas manifiestan que fueron sometidas mediante sustancias químicas y agredidas sexualmente. Se despertaron desnudas y desorientadas, tenían el cuello lleno de marcas que se convirtieron en moratones y fisuras en las costillas. La investigación fue abierta por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Sin embargo, durante la instrucción se suceden una serie de negligencias policiales: desaparece un informe pericial de un teléfono móvil, se pierden o manipulan grabaciones de videovigilancia del bar donde se dieron los hechos y el disco duro con datos forenses de los móviles es borrado y sobrescrito, perdiéndose todo su contenido y por ende pruebas esenciales. El juzgado archiva el caso ya que “no había indicio alguno de que los encausados hubieran empleado violencia o intimidación” (el hecho de que tuvieran costillas rotas y que los agresores intercambiaran whatsApp diciendo “quiero reventarla a puñetazos” parece que no fue suficiente para ver violencia); en 2022 la Audiencia Provincial lo desestima y finamente, el Tribunal Constitucional declara inadmisible el recurso de amparo.
Ante la ineficiencia policial, las dos víctimas recurrieron a la TEDH como última esperanza de no ser silenciadas. El 23 de octubre del 2025, nueve años después de la denuncia, se hace pública su sentencia, declarando que España vulneró el artículo 3 del Convenio (tratos inhumanos o degradantes) y el artículo 8 (vida privada y familiar). Y condena a España a indemnizar a cada una de las víctimas por daños morales y a correr con los gastos de los costes judiciales.
Estos hechos, ocurridos en Pamplona, ponen en evidencia en manos de quién está la justicia para las mujeres víctimas de violencia machista: un órgano descompuesto, que manipula y que está dirigido por intereses que no abogan ni por la búsqueda de la justicia ni la reparación de las víctimas. No son “errores puntuales”, se trata del machismo incrustado en el aparato judicial. La jueza Inés Hualde no solicitó un dictamen al Instituto Nacional de Toxicología sobre la sumisión química, tardó más de año y medio en llamar a declarar a las víctimas, no tomó declaración a los agresores… Y así hay tantos y tantos casos.
Mujeres que tienen la valentía de sobreponerse al miedo de denunciar y tener que repetir la agresión una y otra vez, de escuchar preguntas repugnantes por parte de fiscales y abogados, de los tiempos de espera, del juicio mediático, de la cultura de la violación asfixiante que te dice, por tierra, mar y aire, que fue tu culpa por no haberte resistido suficiente. Y muchas que deciden dar un paso así, se encuentran con manipulación de pruebas, dejaciones de funciones, un bucle de silencio burocrático y un desprecio que deja una herida irreparable con la impotencia de no poder sanar.
El sistema judicial español está podrido. Sus engranajes, podridos y oxidados, protegen a los agresores mientras las víctimas quedan desamparadas y silenciadas.
Es evidente que esta justicia es muy responsable de que la lacra de la violencia machista nos siga golpeando en todos los aspectos de nuestras vidas. Todos los días nos dicen que España es una democracia llena de justicia social. Es mentira. La realidad fuera de sus campañas es que este caso no es un problema individual, sino que refleja una desigualdad estructural llena de violencia. Jueces, fiscales, la extrema derecha… quieren acallar a las mujeres, pero no lo conseguirán.
Sabemos que nuestra fuerza está en la calle y que la justicia que merecemos solo la podremos arrancar desde las calles. Por cada mujer agredida, por todas nosotras. La lucha sigue.
