El pasado domingo más de 3000 personas se manifestaron para denunciar el asesinato de Andrea, una joven de 20 años, vecina de Vila-real.

Una manifestación completamente masiva organizada por amigas y amigos de la familia, que expresó la enorme impotencia, la rabia y el dolor acumulado, pero también una manifestación reivindicativa en la que se denunció la actitud de las instituciones, que se han negado a actuar ante las numerosas denuncias de Andrea.

El 23 de diciembre la ex pareja de Andrea, Víctor Llorens (El Peonza) atacó a la joven a punta de navaja y arrastrándola por el pelo, cuando ella se dirigía a trabajar. La obligó a subir al coche que después estrellaría contra una gasolinera. Como en tantos otros casos, Andrea sufrió años de maltrato físico y psicológico y cuando tomó la decisión de acabar con su relación, continuó el acoso, tanto a ella como a su madre. “Si me denuncias, igual voy a la cárcel, pero luego yo te mato a ti y a toda tu familia”. Además, Víctor ya había sido condenado en septiembre de 2013 a 64 días de trabajos comunitarios por dos episodios violentos contra una pareja anterior.

Un mes y medio antes de su asesinato, Andrea animada por su madre le denunció. Sin embargo, no se activó ninguna medida de protección. Una semana antes del crimen, Andrea denunció de nuevo ante la policía, por un intento de atropello con coche. El agresor fue detenido, pero increíblemente ni el fiscal ni el abogado de la víctima pidieron prisión. El juez hizo una valoración de “riesgo medio” e interpuso una ridícula orden de alejamiento… ¡de 200 metros!, asignó a Andrea una agente policial a la que poder llamar en caso necesario, y lo más increíble, determinó que, sólo en caso de riesgo mandarían una patrulla. “Él iba diciendo a todo el mundo que lo iba a hacer (…). ¿Dónde estaba la policía?”, se queja la madre, ante este asesinato anunciado con alevosía.

La noche anterior al secuestro y asesinato, Andrea avisó a la policía de que su ex rondaba por su casa. Su madre recuerda que le dijo “tranquila, mamá, esta noche lo cogen”, ya que fue lo que le transmitió la policía. ¡Qué vergüenza! Esta es la protección que este sistema proporciona a una mujer a la que su expareja ya ha intentado asesinarla en varias ocasiones.

¿Qué más tenía que haber hecho Andrea? ¿Qué tienen que decir ahora todos esos medios de comunicación e instituciones que se lamentan preguntándose por qué hay mujeres que no denuncian? Parece que en el caso de Andrea no fueron suficientes las numerosas denuncias y advertencias que hizo. El caso de Andrea, como el de Diana Quer, La Manada, Juana Rivas y un largo etcétera, nos hace preguntarnos: ¿Cuáles son las claves del fracaso de las medidas contra la violencia machista? ¿Qué hace que los maltratadores lleven a cabo sus crímenes y reincidan impunemente? ¿Por qué les resulta tan barato ejercer el terrorismo machista? La respuesta es tan sencilla como indignante: en 2016 más de un 40% de denuncias fueron archivadas a nivel estatal. Es decir, un total de 58.716 denuncias de mujeres fueron ignoradas en solo un año. Los datos por comunidades autónomas y provincias son igual de desalentadores: en todo Galicia se archivaron 6 de cada 10 denuncias y solamente en Pontevedra el 79,14% de las denuncias quedaron archivadas. Otros casos como Palencia y Salamanca que en 2016 archivaron el 78,52% y el 72,20% respectivamente. Pero es que en estas mismas dos provincias, en 2015 se archivaron más del 90% de las denuncias ¡qué escándalo! Y también otras provincias como Ávila con el 68,46% de las denuncias archivadas o Girona con el 58,37%.* En el País Valenciano cada 72 minutos hay una agresión denunciada. Los recortes del Partido Popular en los programas de ayuda a las víctimas han provocado que las valoraciones de riesgo no se hagan o se hagan mal como en este caso, que falten profesionales y medios suficientes para proteger a las víctimas y como resultado que los agresores puedan realizar sus acciones impunemente. Pero no solamente no se destinan recursos, la justicia machista y la concepción retrógrada con la que las instituciones perpetúan la situación de opresión de las mujeres trabajadoras, provoca que no se de importancia cuando una mujer pone una o cien denuncias, que se cuestionen las palabras de la víctima y se someta a juicio público la veracidad de sus palabras.

Desde Libres y Combativas denunciamos el lamento hipócrita de aquellos que permiten que sucedan estos casos y animamos a seguir el ejemplo de Vila-real: la lucha colectiva, la presión social en la calle y la organización para acabar con este sistema injusto que ampara a todos aquellos que cometen todo tipo de agresiones contra las mujeres.


¡Basta ya de violencia contra las mujeres!


*Datos de Feminicidios.net

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