Teresa Gómez-Limón
Doctora en Psicología
Profesora del Master de Psicología Forense de la U. Autónoma de Madrid

De por qué muchas mujeres siguen desprotegidas una vez puesta la denuncia

Hasta el 8 de octubre de 2018 se han contabilizado 39 mujeres asesinadas a causa de la violencia machista y desde el 1 de enero de 2013 hasta la actualidad, es decir no llega a 6 años, han sido asesinadas 963 mujeres y 27 menores, mucho más que a causa del terrorismo de ETA, que en 50 años produjo 854 víctimas mortales.

Estas cifras comparativas nos deben dar una idea de que estamos ante un problema gravísimo y que los poderes públicos tienen la obligación de tomar medidas eficaces, mucho más teniendo en cuenta que muchas de esas mujeres habían denunciado previamente a su agresor.

Cuando se produjeron las últimas muertes, con un saldo de 3 mujeres y 2 menores asesinados por la violencia machista en tan solo cuatro días, la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, dice que el Gobierno está trabajando para "afinar" algunas de las 200 medidas contempladas en el Pacto de Estado para la Violencia de Género, aprobado en el Congreso de los Diputados el 25 de julio de 2017. Dice también que algunas medidas "son difíciles de aplicar en la práctica". Según ha dicho posteriormente el Ministro del Interior, Sr. Grande-Marlaska, uno de esos "afinamientos" consisten en modificar un protocolo para evaluar el riesgo de violencia en mujeres y menores por parte de los maltratadores.

El citado protocolo, que comenzó a aplicarse a partir de 2007, consiste en 16 preguntas sobre el agresor que un policía hace a la víctima y cuyas respuestas se anotan y corrigen mediante un programa informático. Dicho programa evalúa la peligrosidad del agresor sin haberlo visto y esa evaluación es el primer documento del que un Juez dispone para valorar si debe dar o no una Orden de Protección a la víctima, de lo que muchas veces depende su propia vida. Esto nos puede dar idea de la enorme importancia que tiene esa evaluación de riesgo como un elemento de protección de la víctima y de los menores.

Para que una herramienta de valoración de riesgo de violencia sea válida ha de cumplir los siguientes requisitos imprescindibles:

1. Ver al sujeto evaluado (es como si para diagnosticar una enfermedad no se tuviera que ver al paciente).

2. Hacer una entrevista clínico-pericial al evaluado, instrumento esencial para cualquier evaluación psicológica y mucho más sobre el riesgo de violencia, que es un tema sumamente complejo.

3. Aplicar pruebas complementarias, que se conocen como tests, sobre los que se ha realizado un estudio riguroso de su fiabilidad y validez, eligiendo aquel que sea más adecuado para el caso en cuestión.

4. Que la evaluación sea realizada por un/a psicólogo/a, acreditado/a académicamente para ello y con experiencia demostrada en materia forense.

5. Que se destinen recursos humanos suficientes para que esto se pueda hacer adecuada y profesionalmente.

Estas medidas, muy al contrario de lo que afirma la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, "no son difíciles de aplicar en la práctica". Solamente requieren dos condiciones: voluntad política y, consecuentemente, presupuesto suficiente, que se ha de destinar a atender a las mujeres por los profesionales adecuados y no a crear superestructuras cuya eficacia es a veces muy dudosa.

Por eso, mucho tiene que "afinar" el Gobierno para que esta evaluación de riesgos se haga con todas las garantías, porque lo que tenemos hasta ahora y parece que va a seguir vigente es:

1. Se aplica un "protocolo", que se ha tenido que llamar así porque la ley impide que ni siquiera un test se pueda aplicar por no profesionales.

2. Dicho protocolo se aplica para todas las evaluaciones de riesgo por igual, ignorando que no existe un perfil del hombre violento, sino que hay que evaluar cada caso individualmente.

3. Este "protocolo", que ni siquiera es un test, lo aplica un policía, sin formación académica alguna y sin ver al sujeto evaluado.

4. Es un método sumamente barato, que no implica más recursos humanos, sino que se emplean los ya existentes, otorgándole a la policía unas tareas que no le corresponden.

Por mucho Pacto contra la Violencia de Género que se firme, no servirá para nada si no se toman las medidas eficaces para que las mujeres y los menores sigan siendo asesinadas por sus parejas o ex parejas cuando han puesto una denuncia previa. Y, naturalmente, una de las medidas esenciales es que se ocupen del trabajo de evaluación de riesgos del agresor los profesionales que están acreditados para ello.

La mujeres no podemos ni debemos permanecer calladas ante estas mentiras, porque existen soluciones eficaces para evitar más muertes, sobre todo de aquellas mujeres que han tenido la valentía de denunciar y que se encuentran con la inoperancia de las instituciones, que responde más al ahorro de recursos que a una verdadera voluntad de solucionar el problema. Las profesionales que trabajamos con mujeres víctimas de violencia de machista lo sabemos y tenemos el deber profesional y moral de denunciarlo.

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